El fiscal jefe provincial de Albacete, Juan Francisco Ríos, ha asegurado que las nuevas aplicaciones informáticas, en lugar de ayudar en el desarrollo del trabajo, «lo entorpecen», alertando de las «dificultades» que generan.
Según Ríos, que ha presentado los datos de la Memoria Provincial de la Fiscalía de Albacete correspondientes a 2016, con esta incorporación de nuevos métodos informáticos «se está tardando más de lo que se tardaba antes en despachar los asuntos», si bien, confía en que «para 2018» mejore la situación con el proyecto de ‘Justicia Digital’, previsto para el primer trimestre del año.
Al tiempo, el fiscal jefe provincial ha considerado que, a estas complicaciones, se añaden otras como las propiciadas por tener que grabar las declaraciones de los acusados en Instrucción, en lugar de transcribirlas.
A este respecto, ha explicado Ríos, este «otro problema» es «muy serio» y «puede colapsar la Fiscalía», ya que, ha defendido que una declaración de dos horas, si está transcrita, se lee «en 10 minutos», pero si hay que visionarla se tarda esas dos horas, lo que supone un incremento enorme en el tiempo «de despacho de asuntos».
Como es habitual en la presentación de las memorias judiciales, además de dar a conocer que las diligencias recibidas por la Fiscalía, «superaron las 10.000», también ha denunciado la escasez de medios, que ha calificado de «insuficientes», con la que tienen que hacer frente a su labor.
Hay escasez de espacio y también de personal, y ha concretado la demanda en que se necesitan «como mínimo, dos fiscales y, al menos, cuatro funcionarios».
BAJA LA DELINCUENCIA
Como consecuencia de las modificaciones de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que determinan ahora que los atestados policiales sin autor conocido no sean remitidos a la Fiscalía, el fiscal jefe provincial ha admitido que no es posible hacer una comparativa general de los datos de actividad de 2016 con los ejercicios anteriores, si bien ha considerado que «hay una tendencia a la baja» en la delincuencia en Albacete, «al menos en el trabajo de los juzgados».
Ríos ha detallado, sobre esta cuestión, que las diligencias previas son «el procedimiento tipo», y se utiliza ese dato para saber cómo es la delincuencia. «Este año bajan un 56% respecto a 2015 las diligencias incoadas», pero no se puede utilizar en para hacer una comparación real por el cambio de la Ley en 2015.
«La parte positiva es que elimina un trabajo inútil que hacían las fiscalías», ha indicado el fiscal jefe provincial, «pero la parte negativa es que el poder judicial hacía así una labor de control sobre la actividad policial que ahora no se hace, esa labor cesa».
También se ha referido, como otro de los datos de actividad del ejercicio, a que el porcentaje de juicios suspendidos en juzgados de lo Penal fue de un 20%, cuando en 2015 fue del 23%, mientras que en la Audiencia «se suspenden un 33,3%, cuando en 2015 eran el 35%».